Debido a su naturaleza anónima, las criptodivisas se han asociado durante mucho tiempo con las estafas, el blanqueo de dinero y otros delitos financieros. Los usuarios pueden rastrear las transferencias de criptoactivos, pero el emisor y el beneficiario de la transferencia pueden permanecer en el anonimato. Para luchar contra esto, la Comisión Europea planea prohibir las transferencias y carteras anónimas de criptoactivos.
Las propuestas de la Comisión Europea (CE) presentadas la semana pasada tienen como objetivo proteger a los ciudadanos de la UE y el sistema financiero de la UE mediante la aplicación de sus normas contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). Con el paquete de propuestas, la CE espera detectar y desbaratar las actividades delictivas y de financiación del terrorismo.
El paquete de la CE consta de cuatro propuestas: la creación de una nueva autoridad ALD/CFT de la UE, la aplicación de nuevas normas que afectan a las áreas de Diligencia Debida del Cliente y Propiedad Beneficiaria, la actualización de la Directiva 2015/849/UE existente con nuevas normas que cubren a los supervisores nacionales y a las Unidades de Inteligencia Financiera en los estados miembros, y una revisión del Reglamento sobre Transferencias de Fondos de 2015 para rastrear las transferencias de criptoactivos.
La mayoría de estas propuestas están dirigidas a las grandes empresas, pero algunas también afectan al público en general que posee criptoactivos. Según la nueva propuesta de la CE, los proveedores de servicios estarán obligados a realizar la diligencia debida sobre sus clientes. Además, se garantizará que todas las transferencias sean totalmente rastreables, desde su origen hasta su destino, evitando “su posible uso para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.”
Si se aprueba, los proveedores de servicios de criptomonedas que realicen transferencias de activos o una transferencia tradicional se asegurarán de que va acompañada del nombre del ordenante, el número de cuenta del ordenante, la dirección del ordenante, el número de documento personal, la identificación del cliente o la fecha y el lugar de nacimiento, el nombre del beneficiario, el número de cuenta del beneficiario y la existencia de las cuentas.
Por otro lado, el proveedor de servicios del beneficiario será responsable de implantar un sistema capaz de detectar la legitimidad de la información del ordenante y un sistema de control para detectar si falta alguna información sobre el ordenante o el beneficiario.
Antes de convertirse en ley, la propuesta tiene que ser aceptada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE. No está claro cuándo votarán los partidos sobre este asunto, ya que el proceso puede durar hasta dos años.